Recientemente, Chile ha marcado un hito importante en la gestión de la salud mental en el ámbito laboral. Con la aprobación de la Ley 21.643, conocida como la "Ley Karin", este país vecino no solo refuerza la protección contra el acoso laboral y sexual, sino que establece un precedente significativo al obligar a las empresas con más de 50 trabajadores a contar con un psicólogo ocupacional. Esta medida, que responde a una creciente preocupación por el bienestar mental de los empleados, se convierte en un referente ineludible para el debate que actualmente se vive en Colombia sobre la obligatoriedad y el alcance de la medición del riesgo psicosocial, especialmente en las pequeñas y medianas empresas (pymes).
La Ley 21.643, que entró en vigor en enero de 2024, es el resultado de un largo proceso legislativo impulsado por la trágica experiencia de una trabajadora chilena que sufrió acoso laboral y terminó suicidándose. Su espíritu va más allá de la sanción; busca una cultura preventiva, promoviendo ambientes de trabajo saludables y seguros. La inclusión del psicólogo ocupacional no es un mero requisito formal, sino una apuesta por la intervención temprana, el acompañamiento y la implementación de programas de bienestar que mitiguen los factores de riesgo psicosocial que, sabemos, impactan directamente la productividad y la calidad de vida de los trabajadores.
Este avance chileno nos invita a reflexionar sobre la situación en Colombia. Si bien nuestra Resolución 2764 de 2022 actualizó la batería de riesgo psicosocial y la hizo obligatoria para todas las empresas, sin importar su tamaño, la realidad de las pymes colombianas presenta desafíos únicos en la implementación y el seguimiento. La exigencia de un experto en salud mental, como el psicólogo ocupacional, podría ser un paso fundamental para asegurar que la medición no se quede en un papel, sino que se traduzca en acciones efectivas y sostenibles, abordando la raíz de los problemas y no solo sus síntomas.
En Colombia, debemos seguir el ejemplo de Chile y profundizar el debate sobre cómo garantizar que la gestión del riesgo psicosocial sea efectiva y accesible para todas las empresas, sin importar su tamaño, asegurando así un verdadero bienestar laboral.