Lamentablemente, en el primer semestre de 2023, una planta textil ubicada en el Valle del Cauca fue escenario de una trágica muerte. Un técnico electricista perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaba labores de mantenimiento en equipos energizados. Este suceso, que conmocionó al sector, puso en evidencia deficiencias críticas en la implementación de protocolos de seguridad, especialmente la ausencia de procedimientos de bloqueo y etiquetado (LOTO) y de los permisos de trabajo necesarios para actividades de alto riesgo.
Según los reportes, el trabajador estaba ejecutando tareas en una línea de producción sin que se hubiera desenergizado adecuadamente el equipo. La premura, o la falta de conocimiento sobre los riesgos asociados a las fuentes de energía, llevó a omitir pasos fundamentales que, de haberse seguido, habrían prevenido este desenlace fatal. La investigación preliminar sugirió que no existía un permiso de trabajo en alturas (si aplicaba), ni para trabajos eléctricos que claramente exigiera la desenergización y el bloqueo de la maquinaria, conforme a la normativa colombiana vigente.
Este caso no es aislado y resuena con situaciones similares ocurridas en otras latitudes, como accidentes en plantas industriales de México o Estados Unidos donde la falta de LOTO ha sido la causa raíz. Aunque los contextos varían, la lección es universal: la gestión de la energía peligrosa es un pilar innegociable de la seguridad industrial. Para Colombia, este incidente en el Valle del Cauca es un doloroso recordatorio de que, a pesar de la existencia de regulaciones como la Resolución 5018 de 2019 sobre seguridad en trabajos en alturas, o el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), la implementación efectiva en cada empresa sigue siendo un reto y una responsabilidad ineludible.
La vida de un trabajador no tiene precio. Invertir en seguridad y salud en el trabajo no es un gasto, es la inversión más valiosa para cualquier empresa colombiana.