La minería artesanal e informal, una actividad económica vital para muchas comunidades en Latinoamérica, ha vuelto a ser escenario de una tragedia que nos obliga a reflexionar sobre la importancia de la seguridad y salud en el trabajo (SST). En un lamentable suceso ocurrido en la región de Arequipa, Perú, hacia finales de 2022, un derrumbe en una mina informal dejó un saldo desgarrador de 12 trabajadores fallecidos. Este incidente, que conmocionó a la opinión pública, puso en evidencia una serie de fallas sistémicas que, desafortunadamente, no son exclusivas de ese país y resuenan como una alerta clara para el contexto colombiano.
Las investigaciones posteriores al colapso revelaron un panorama desolador: ninguno de los trabajadores fallecidos contaba con afiliación al sistema de seguridad social, una obligación fundamental que garantiza el acceso a servicios de salud y prestaciones en caso de accidente o enfermedad laboral. Adicionalmente, se constató la ausencia total de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), herramienta preventiva indispensable para identificar, evaluar y controlar los riesgos inherentes a una actividad tan peligrosa como la minería. A esto se sumaba la explotación laboral, con turnos de trabajo que se extendían hasta por 20 horas continuas, una práctica que incrementa exponencialmente la fatiga y el riesgo de accidentes fatales.
Este caso peruano es un espejo de situaciones que, aunque quizás menos mediáticas, pueden presentarse en zonas mineras informales o en sectores con alta informalidad laboral en Colombia. La precariedad de las condiciones, la falta de inversión en medidas de seguridad y la omisión de las responsabilidades patronales son factores que, combinados, crean un caldo de cultivo para la ocurrencia de tragedias. La normativa colombiana, como la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 1072 de 2015, es clara en establecer las obligaciones de los empleadores respecto a la protección de sus trabajadores, sin importar el tamaño o la formalidad de la empresa. La omisión de estas responsabilidades no solo tiene consecuencias legales y económicas, sino que, como vemos, puede costar vidas.
En Colombia, la prevención no es una opción, es una obligación legal y, sobre todo, un imperativo moral para cada empresario. La vida de sus trabajadores no tiene precio.